El título da una pista acerca del libro: un somero análisis de la situación de España en 2012, cuando le gobierno comenzaba a afrontar la crisis económica y los problemas derivados de ella, y del retraso de cuatro años en coger el toro por los cuernos, afectaban cada vez a más ámbitos de la vida española ajenos al económico.
El análisis es bastante certero, aunque reducido al ámbito constitucional. Además, como muchos de los problemas que entonces apuntaban se agravaron notablemente en los años siguientes (el secesionismo catalán) la necesidad imperiosa que entonces había de hacer algo, se constata como algo palmario que, por desgracia, no se hizo entonces y sigue sin hacerse.
El autor se centra en los defectos de la Constitución del 78, que si bien trató de evitar errores cometidos en la de 1931, hizo seguidismo de ella en otros aspectos que la hacen poco útil para dirimir las tensiones del estado de las autonomías. Por que es eso lo que se discute, y efectivamente se puso sobre la mesa en aquellos años aunque ahora lo hayamos olvidado: la ineficiencia, duplicidad y despilfarro de las autonomías era incompatible con la crisis económica y tal vez fuera la ocasión de reconducirlas de algún modo. A la vez que el Informe sobre España constata el error que supuso el “café para todos” de Suárez, algo no deseado por la mayoría de los españoles del 78, no pierde de vista que hoy (en 2012 y mucho más en 2026) es irreversible.
Tiene especial interés la relación existente entre Alcalá Zamora y Zapatero al pretender aceptar ambos la imposición de una minoría de catalanes a toda Cataluña y al conjunto de España. En las dos ocasiones se han puesto sobre la mesa situaciones, estatutos, de hecho que luego no era posible conciliar con el ordenamiento constitucional (y mucho menos con los deseos del resto de españoles). Con el agravante de que cuando el TC emite su sentencia, el daño ya está hecho con el paso de esos años de vigencia indebida y con que el mismo TC, órgano extremadamente politizado, no deroga ni invalida sino que interpreta, colaborando aún más al caos: Cataluña es una nación… sólo si por nación se entiende nacionalidad.
Pone de manifiesto el autor algunos de los excesos de otros estatutos autonómicos que se dedican a consagrar derechos del momento como indeclinables en unos textos legales que no deberían convertirse en manifiestos políticos: el derecho a la gratuidad de los libros de texto, por ejemplo, del estatuto andaluz.
Curiosamente, el autor cuestiona la utilidad del art. 155 de la Constitución para hacer frente a la rebelión de una autonomía y pocos años después se puso de manifiesto pues al ser aplicado se constató que era una medida muy endeble. Es cierto que Rajoy optó por no hacer nada y judicializarlo todo para no tener que adoptar medidas. Cuando uno está sufriendo un allanamiento o un robo, lo normal es llamar a la policía sin perjuicio de que más adelante se ponga la denuncia correspondiente y no al revés. Pero cuando finalmente no le quedó más remedio que acudir al 155, lo hizo para convocar unas elecciones que reprodujeron el problema: el secesionismo no es mayoritario en Cataluña (y mucho menos en España) aunque intenta imponerse por la fuerza.
Además del análisis, Santiago Muñoz Machado propone algunas soluciones interesantes sobre todo por lo realistas que son. No pretende milagros pero tiene claro que algo hay que hacer con el TC, politizado, lento y siempre expuesto a ser adelantado por la derecha por el populismo y el oportunismo. Algo hay que hacer, justo lo que en la segunda década del SXXI no se hizo y así llegamos a donde llegamos. Propone, sobre todo, descentralizar un poco el TC de modo que una ley manifiestamente anticonstitucional no pueda estar vigente durante años hasta que haya una sentencia. Y para ello, compara con otros países, particularmente Alemania. Sin embargo, pasados quince años seguimos sin afrontar ni estos cambios propuestos ni ningún otro.
Además de proponer, invalida otras propuestas por inútiles, como lo de la cámara territorial para el Senado o el famoso federalismo, que el autor considera una palabra hueca sin efectos prácticos, pues nuestro estado autonómico tiene mucho más autogobierno que cualquier estado federal y cuya única consecuencia sería dividir la soberanía española entre las distintas soberanías regionales de modo que ya no hubiera una nación a la que acudir en momentos de tensión.
Lo cierto es que ya pasó la crisis económica y nos encontramos en una situación de deterioro institucional mucho mayor quince años después y que abarca todos los ámbitos. A eso hay que añadir que el problema secesionista tiene ya 100 años (nada menos aunque nada más) sin que ninguna medida lo haya atenuado si quiera. Las autonomías se han revelado completamente inútiles en este sentido y parece que los españoles somos incapaces de aprovechar la bonanza para poner remedios que nos serán necesarios en el próximo momento de debilidad.
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Verde/*Pensamiento
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